Un hombre de 34 años con residencia en el barrio de Fisherton quedó detenido tras ser imputado por hacerse pasar por un juez federal ante el Servicio Penitenciario Federal. Según la investigación, buscaba información sensible de las comunicaciones internas de la policía. Además, podría estar relacionado con el expiloto de avión Julio Rodríguez Granthon, nacido en Perú y condenado a más de 30 años de prisión por narcotráfico.

El detenido e imputado, identificado como C.G.M., intentó acceder a claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), la base de datos que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos. Sin embargo, desde el servicio penitenciario federal lo denunciaron al notar movimientos extraños.

“Se presenta en varias oportunidades. Con distintas identidades”, aclaró en LT8 el fiscal federal Federico Reynares Solari, quien llevó adelante la investigación junto al fiscal auxiliar Ignacio Falconi. La primera lo hace en noviembre de 2024 como Julio Andrés Herrera, integrante del Poder Judicial a nivel nacional y luego lo hizo como responsable del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3.

Al no poder lograr su cometido, en julio de 2025 vuelve a solicitar información, pero se presenta como parte del juzgado conducido por María Romilda Servini de Curia. “Sin embargo comete un error y se presenta como parte del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Nº3 a cargo de Servini de Curia, pero es público y notorio que es la titular del juzgado Nº1”, remarcó Reynares Solari. A pesar de no haber podido acceder a los datos sensibles de la policía, Reynares Solari y Falconi, integrantes del Área de Investigación y Litigio Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encontraron elementos para imputarlo por los delitos de usurpación de autoridad y de título, la tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y la falsificación de documento público. Frente a lo expuesto, el juez de Garantías, Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de C.G.M por 90 días.

Para Reynares Solari, cada paso que daba C.G.M. estaba estudiado: “Era una persona que conocía el manejo de cómo se accede a estas claves y el lenguaje judicial, pero al servicio penitenciario federal le llamó la atención y denunció”.

Desde el organismo le informaran que debía dirigirse a la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante esto, el 20 de noviembre de aquel año, el hombre desde una casilla que simulaba las características que tienen las generadas por el dominio de la Corte Suprema, envió un correo haciéndose pasar por la responsable del área.