El campo santafesino rechaza el impuesto al gran propietario rural
Los productores con 301 hectáreas, o más, deben pagar hasta un 80% más, criticó el vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layus
La Sociedad Rural de Rosario (SRR) denunció aumentos desmedidos en tributos provinciales y pidió terminar con la figura de “Gran Propietario Rural” (GPR) sobre el campo, impuesto que lleva a un productor de más de 300 hectáreas a pagar un impuesto de hasta un 80% del valor del API Rural. “Consideramos al GPR como un engendro fiscal, un verdadero mamarracho”, dijo el vicepresidente de la SRR, Tomás Layus.
Los propietarios rurales abonan con progresividad fiscal el Impuesto Inmobiliario Rural dependiendo de la cantidad de hectáreas que tengan. En consecuencia, el que posee 200 ha, paga más que el que tiene100 ha, que a su vez debe aportar más que el de 20 ha. Sin embargo, aclaró Layus, al llegar a las 301 hectáreas “se dispara otro impuesto, que es el Gran Propietario Rural, a partir de ahí hay que pagar entre un 60 y un 80 por ciento más sobre el impuesto inmobiliario”.
Esto origina una distorsión tal que una partida debe pagar 7 veces más de impuesto inmobiliario por hectárea que otra contigua, aunque sean de la misma calidad de suelo y ubicación catastral, detalló Layus en comunicación con El Primero de la Mañana de LT8.
Si bien el tributo existe hace más de una década, el sector agropecuario “lo venía llevando”, pero con la última actualización fiscal de la provincia de Santa Fe, “se nota más la diferencia”, aseguró el vicepresidente de la SRR.
El dirigente manifestó que los aumentos entre la última cuota de 2023 y la primera del 2024 fueron del 190% en el Impuesto Inmobiliario Rural, que directamente impacta en el GPR. No obstante, la última actualización dispuesta por la Casa Gris se tradujo en un 131,58% más para las cuotas 4, 5 y 6. “Estamos hablando de siete veces más de la sexta cuota del 2023. Esto es abusivo por parte de la provincia”, subrayó Layus y afirmó que esta carga es “propia de Santa Fe” y que supone una “discriminación a la actividad productiva”.
En este sentido, el representante rural ejemplificó: “Cada tres camiones que se ven en la ruta, uno es de Estado nacional por las retenciones, en tanto que el segundo es para pagar los restantes impuestos provinciales, municipales y nacionales y el tercero es para el productor, que debe hacer frente a la producción”.
