Polémica por la detención del jefe de la barra de Central
El abogado Carlos Varela dijo que Andrés Bracamonte tiene actividades comerciales “absolutamente legales”, y agregó: “Si tuvo algún problema tiempo atrás, donde se le pudo atribuir algún delito, ha corregido su pasado”.
El jefe de barra de Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, fue detenido esta semana en en el marco de una causa judicial por asociación ilícita y extorsiones por la que también cayó el el secretario general de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Carlos Vergara. Los arrestos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno.
La defensa de Pillín aseguró estar sorprendida por el arresto de su defendido, que, según aseguró, posee varias actividades comerciales “absolutamente legales”, y agregó: “Andrés es hombre grande, tiene familia. Si tuvo algún problema tiempo atrás, donde se le pudo atribuir algún delito, el hombre ha corregido su pasado”.
En declaraciones a LT8, el abogado defensor de Pillín, Carlos Varela, dijo que Bracamonte quedó bajo la lupa de la justicia por “la declaración de una persona de hace unos meses atrás. Ese testimonio es el que dispara la actividad de la fiscalía en una causa judicial que tiene 3 años en curso. Eso nos deja perplejos o atónitos, porque las soluciones que prevé el Código Procesal en estas circunstancias son diferentes y no causan tanto daño como una prisión preventiva”.
Varela consideró que la detención de su cliente fue excesiva. “El Código dice que la detención de una persona es la última herramienta del Estado para poder actuar -señaló-. El Código prevé la posibilidad de que Bracamonte sea citado a la Fiscalía y sea imputado del delito que el fiscal entiende que hay evidencia en contra de él. El fiscal podría haber elegido otra vía, porque la causa está en trámite y hubo una prisión preventiva que tuvo andamiaje en su momento, pero después fue revocada. Sobre Andrés se podría haber tomado una postura diferente, porque no tuvo ninguna conducta que pueda hacer presumir un riesgo para la causa”.
Consultado sobre los $6 millones que fueron incautados por la justicia en la casa de Bracamonte, Varela sostuvo que “el fiscal tiene desde hace tres años una serie de manifestaciones juradas y pericias contables donde se determinó el origen de los fondos de las empresas de Andrés y de él mismo. Esos análisis económicos, hechos por licenciados en economía y contadores, homologados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, han sido admitidos dentro de la investigación penal”.
Finalmente, Varela hizo una encendida defensa de Bracamonte. “Andrés ya es un hombre grande, que tiene familia. Está dedicado a actividades absolutamente lícitas y no ha desplegado ninguna conducta delictual. Si algún problema tuvo tiempo atrás, donde se le pudo atribuir algún delito, el hombre ha corregido su pasado. Tenemos esperanza que en la audiencia imputativa los jueces le otorguen la libertad y echen luz sobre toda esta situación".
