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jueves 22 de septiembre de 2022

El Concejo comienza a debatir la ordenanza antilavado de dinero

La subsecretaria Legal y Técnica del municipio expondrá en detalle el proyecto oficial ante los concejales que integran la comisión de Gobierno.

El Concejo comenzará a debatir hoy la ordenanza contra el lavado de dinero elaborada por el intendente Pablo Javkin. El oficialismo propondrá discutir el asunto al menos una vez cada quince días en la comisión de Gobierno. Y aspira a sancionar la norma antes del receso de mediados de año para combatir a escala local la narcocriminalidad vía lavado de activos. Una tarea política para nada sencilla ante los cuestionamientos que la idea cosechó en parte de la oposición.

El proyecto del Ejecutivo fue presentado por Javkin hace un mes. Y hoy será explicado en la estratégica comisión de Gobierno por la subsecretaria Legal y Técnica de la Intendencia, Juliana Conti.

Desde el interbloque del Frente Progresista no descartaban que también asista al Palacio Vasallo el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago.

La intención es sumarle a la defensa técnica de Conti un fuerte aporte político de Zignago a un proyecto considerado clave por Javkin en el combate al narcotráfico, atacando la pata económica y financiera del negocio de la venta de drogas.

“La idea es discutir este tema una vez cada quince días, escuchando a especialistas en la materia y poniendo sobre la mesa la propuesta del Ejecutivo, la normativa vigente y las iniciativas de los distintos bloques”, anticipó a La Capital el concejal oficialista Fabrizio Fiatti.

El edil aclaró que la iniciativa de la Intendencia “no va a generar ninguna traba administrativa o burocrática a nuevas inversiones. Lo que busca es evitar que se hagan maniobras de lavado de activos a través de inversiones que parecen lícitas”.

El proyecto del Ejecutivo regula las solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro en: venta y alquiler de vehículos y motos; armerías; casas de juegos, casinos y loterías.

También abarca a los rubros hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a unos 7 millones de pesos, que será actualizado por inflación).

En paralelo serán alcanzadas las playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas; las concesiones públicas de obras y servicios. Según anticipó Fiatti a este diario, otro rubro que se analiza contemplar es el de los gimnasios.

De igual modo, se incluye toda construcción nueva, ampliación y reforma de inmuebles por encima de los 500 metros cuadrados. Y la adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis y remises.

Una vez aprobada la nueva regulación, se exigirá a los interesados un plan de inversiones del proyecto a realizar, detallando la relación entre el presupuesto de gastos y la inversión. Y se solicitará una declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir.

La ordenanza, a diferencia de la normativa vigente, contiene un sistema de alertas sospechosas que se activará en caso de inconsistencias patrimoniales o fiscales; sucesivas transferencias de habilitaciones municipales y cualquier hecho económico que no guarde relación con las actividades declaradas y realizadas.

Y en especial cuando se trate de inversiones de elevado monto por parte de personas o empresas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados. O bien eludan la entrega de información respecto del propósito o del origen y destino de los fondos y antecedentes penales.

La propuesta oficial sugiere la creación de una “Unidad de Control” integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda, otro de Gobierno, otro de Modernización y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas que elevará las actuaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) o bien al Ministerio Público de la Acusación.

Fiatti admitió que la intención del oficialismo es poder sancionar la ordenanza antes del receso de julio, “después de escuchar todas las voces y analizar todos los proyectos que hay presentados en la materia”.


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