Polémica en el Concejo: quieren multar a los piqueteros y cuidacoches
Las sanciones están incluidas en el Código de Convivencia que empezará a regir en agosto. El oficialismo busca generar consensos
A cuatro meses de entrar en vigencia, el nuevo Código de Convivencia de Rosario ya genera polémica. Uno de los artículos más controvertidos, vinculados con la regulación de los piquetes y su eventual penalización, enfrentó al Ejecutivo y a la oposición en el Concejo. Mientras desde Juntos por el Cambio aseguran que la Intendencia debe empezar a sancionar a “los gerentes de la pobreza” que cortan calles, el gobierno municipal apunta a la negociación, registrar los cortes de calle y buscar alternativas para la circulación antes de castigar con multas a las organizaciones sociales.
El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, confirmó que la Intendencia estima poner en marcha el nuevo marco normativo en agosto, una vez que se cumplan 180 días hábiles de su sanción.
El nuevo esquema que reemplaza al Código de Faltas fue sancionado el 4 de noviembre pasado. Y promulgado dos semanas después por el intendente Pablo Javkin. El artículo 344 estableció que su entrada en vigencia iba a operar a los 180 días.
Zignago ratificó que ese período alude “a jornadas hábiles”, con lo cual su efectiva implementación se dará en unos cuatro meses.
El secretario de Gobierno contó a La Capital que su cartera ya está trabajando en la reglamentación de la norma, en especial en los aspectos más novedosos y controvertidos. Entre ellos se destaca la denuncia ciudadana, el juicio por jurado de vecinos, la penalización a padres de menores infractores, el acoso callejero, el daño ambiental y la sanción a cuidacoches y las protestas en la vía pública que obstaculicen el libre tránsito.
Trapitos y cortes
La reglamentación de la ordenanza será clave para despejar zonas grises que dejó el debate legislativo. Por caso, el artículo 300 abre la puerta para sancionar cuidacoches extorsivos y a piquetes sin previo aviso.
“La persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 UF (Unidades Fijas) y/o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”, señala el texto.
En limpio, contempla para este tipo de conductas multas desde $1.200 hasta $24.000, ya que cada Unidad Fija equivale a un litro de nafta súper, hoy en $120. Fue uno de los artículos más debatidos en el Concejo y resistido por algunas bancadas.
Desde Juntos por el Cambio, el concejal Carlos Cardozo no dudó en exigir la penalización de los organizadores de protestas, como la que hubo semana pasada frente a la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social, en España y Urquiza, a quienes denomina “gerentes de la pobreza”.
“Hubo un artículo que fue muy debatido, el 300, que a nosotros nos hubiese gustado que sea más duro y explícito; y otros bloques lo hubiesen eliminado”, recordó el referente macrista.
“Estamos pidiendo que se arme el protocolo de actuación y ante una situación conflictiva se faculte a Control Urbano, se pida la colaboración de la policía; y se penalice a los responsables de estos cortes, acampes y movilizaciones, con la normativa que fue aprobada por el Concejo”, exigió.
Zignago confió que la aplicación del artículo dependerá de la reglamentación de la norma. Y adelantó que el Ejecutivo buscará incorporar herramientas para descomprimir el conflicto social y no criminalizar la protesta.
“Vamos a tratar de dialogar con todos los actores y buscar alternativas”, anticipó el titular de la cartera política. En el Palacio de los Leones creen que una opción viable sería armar una especie de registro con los cortes de calle, poder informar a la población con antelación, armar operativos de tránsito disuasivos y evitar caos en la zona.
Por lo bajo en la Intendencia advirtieron que no será sencillo cobrar multas de hasta 24 mil pesos a sectores vulnerables, que precisamente cortan la vía pública para visibilizar reclamos sociales vinculados por lo general a conseguir mayor asistencia estatal.
